El gobierno derechista de Argentina niega que la detención de Milagro Sala (dirigente social de Jujuy, en el norte del país) sea política. Pero estamos ante la detención de una diputada del Parlasur, que representa allí al Frente para la Victoria -la agrupación de Cristina Kirchner-; de una dirigente de prosapia indígena, morena, que viene de hogar pobre y que ha administrado planes sociales para promover viviendas populares en su provincia, y en otros muchos puntos del país. Formalmente la detención puede presentarse como puramente jurídica, materialmente es inevitablemente política.
Macri alega que está obedeciendo órdenes de la justicia. Pero cabe pensarlo al revés: que la justicia reciba órdenes del poder político. Las acusaciones provienen del neomacrista gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuyo conflicto personal contra Sala es de larguísima data. Las acusaciones vienen desde su despacho, contra un acampe que la dirigente ha hecho en la plaza central de San Salvador de Jujuy, a los fines de sostener los planes sociales que gestionaba su organización -la Túpac Amaru-.
De tal modo que el conflicto es, obviamente, de carácter político. A su vez, obedecer a la justicia no es algo que el gobierno macrista venga realizando: los ataques reiterados a la procuradora Gils Carbó, la pretensión de una Corte adicta a través del nombramiento de dos miembros de ella por decreto, y la no obediencia a varias cautelares que estuvieron vigentes contra su decreto que anula la Ley de Medios, muestran que, cuando se apresa a Milagro Sala, no es porque haya vocación de obediencia hacia otro poder del Estado. De hecho, no solo el Judicial sino el Legislativo vienen siendo ignorados, pues se sigue gobernando por puro y permanente decreto, cuando se puede llamar a sesionar al Congreso.
Legisladores nacionales del Frente para la Victoria se han entrevistado con Morales; se ha hecho denuncia de la situación ante la CIDH de la OEA; ha habido innumerables pronunciamientos en favor de la dirigente apresada, y múltiples y multitudinarias manifestaciones que piden su libertad (ha habido varias en Buenos Aires, una de las cuales se realizó en la emblemática Plaza de Mayo). Además del oficialismo, el excandidato Massa (una especie de ‘oficialista alterno’ que ahora viaja en la comitiva de Macri a Davos) se ha manifestado en favor de la detención. También en esto queda claro que los alineamientos no provienen de sesudas referencias legales, sino de cuán identificado se esté con la gestión gubernativa recién iniciada.
La situación no le hace bien a la Argentina como país, a las oposiciones que se ven obligadas a una reacción enérgica, al oficialismo que se enreda en una querella que -mientras la dirigente esté detenida- no ha de tener fin. No es bueno tener apresada a una dirigente por razones políticas, puedan ellas encuadrarse o no plenamente en lo jurídico. Es un factor ‘plus’ de irritación, cuando ya el gobierno por decreto, las subas permanentes de precios y las admoniciones gubernativas contra demandas sindicales en las próximas negociaciones paritarias crean un clima social para nada armónico y tranquilo. (O)