Ganó por poco, no tiene mayoría en las gobernaciones ni en el Congreso. Solución del presidente derechista de la Argentina: gobernar sin atender al Congreso, no asumir límites legales precisos. De tal modo, asoma un período oscuro para la Argentina, donde se preparan condiciones legales para un monumental ajuste que ya está favoreciendo a los grandes propietarios.
Es así, que se pasa del ruego a insinuaciones menos sutiles para el director del Afsca, Martín Sabbatella, a quien se quiere desplazar -depende de allí el control de la actividad de los medios-, aunque tenga mandato legal hasta 2017. No importa: el ataque es permanente y reiterado, y el nuevo presidente no se ha privado de participar personalmente del mismo. Peor aún es el caso de la procuradora general Gils Carbó, quien es la jefa de los fiscales de la Nación: su mandato no termina en 2017 ni en 2020. El suyo es un cargo judicial, independiente del Ejecutivo, y debe durar hasta la jubilación, de la cual ella está aún lejos. Los ataques para quitarle el sitio son permanentes en prueba clara de que quiere desatenderse la ley, y a la vez subordinar a sectores del Poder Judicial que puedan no ser obedientes al nuevo gobierno. La esperable protección mediática para este comportamiento cierra el cuadro de situación.
Ya en el límite de lo asombroso ha estado la designación de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, algo que debe tener pocos precedentes históricos, y no solo en Argentina. De dudosa legalidad e indudable ilegitimidad, el nombramiento implica que el 40% de la nueva Corte está en condición de interinato y su permanencia por casi un año está asegurada, impidiendo así el paso de ser discutidos sus pliegos por el Congreso, que exige dos tercios de votos para la aprobación. En este caso la aprobación es del 0%, dado que el Congreso pudo ser llamado a sesiones, pero exprofeso no se lo ha hecho. A pesar de las protestas (incluso las de muchos aliados y acólitos del Gobierno), la situación parece darse por aceptada, como si acostumbrarse a lo inapropiado fuera una buena muestra de cultura democrática. Mientras, los sindicatos han pedido fuertes aumentos y bonificaciones para fin de año frente a la alta inflación desatada por los avisos de devaluación, previos a la asunción del gobierno por Macri. Ahora que se libera el cepo (el control del mercado cambiario por parte del Estado) la devaluación será clara y oficial. Es de cerca del 50%, y arrastrará los precios en consecuencia. Los pedidos de aumentos sindicales, como es obvio, se multiplicarán en esa proporción, justo cuando se acerca el conflictivo período de negociaciones paritarias de salarios.
Mientras, la Policía acompaña ahora -como control presente y precautorio- todas las manifestaciones políticas, cosa que se había olvidado, por las libertades que otorgó el gobierno de Cristina Kirchner para la protesta social. Fue así que fallecieron en un accidente -por cierto que trágico y lamentable- más de 40 gendarmes que iban a reprimir a la provincia de Jujuy. Ello, mientras algún ‘experto’ hackeó la página virtual del diario Página 12 (obvio adversario del macrismo) durante más de una semana, ocurrió algo parecido aunque más breve a diarioregistado.com, y la radio estatal -aún con la programación que tuvo durante el kirchnerismo- está sufriendo algunos inconvenientes para su normal escucha.
En una Plaza de Mayo colmada que la aclamaba (situación excepcional para un gobernante saliente), Cristina Fernández se despidió pidiendo un futuro sin censuras y sin represión. (O)