Desde Ecuador, el presidente Correa ha sido terminante en estos días al encuadrar la puesta de dinero en paraísos fiscales como lo que es: una forma de evasión al erario público, un modo de estafa a los contribuyentes que sí cumplen con sus respectivos conciudadanos, un sustraerse al debido control sobre el origen de los depósitos.
En Argentina el presidente mismo, Macri, está imputado judicialmente por su tenencia de empresas en paraísos fiscales, de la cual se supo a través de los ‘Panama Papers’. Y lo curioso es que la estrategia discursiva de su gobierno viene siendo, no por rudimentaria, menos eficaz: hablar mal del gobierno anterior y -sobre todo- acusarlo de corrupción. Para ello se cuenta con la obvia complicidad de los grandes medios de difusión, y por cierto con la de un importante y reconocible sector del Poder Judicial.
De tal modo, las acusaciones al anterior gobierno sirven para encubrir a la amarga realidad de tarifazos siderales, una inflación galopante, una rampante caída del poder adquisitivo y la actividad productiva y comercial, acompañado todo de aumento de la pobreza y la desocupación. Ante tan raída receta neoliberal, la única ‘solución’ es la distracción: que se piense en el gobierno anterior, en hechos reales o ficticios de corrupción de los cuales se lo pueda hacer objeto de acusación.
Con esa tesitura se ha iniciado lo que el político no-kirchnerista Felipe Solá ha llamado “una cacería judicial” contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Se la acusa -por cierto que hasta ahora sin prueba consistente- de las más variopintas e insólitas faltas y supuestos delitos.
Mientras, el actual gobernante -que llegó a su cargo procesado en una causa por escuchas ilegales y está ahora imputado en otra por los ‘Panama Papers’- hace la plancha y guarda estudiado silencio sobre su propia situación judicial, que antes de serlo es también política e institucional.
Porque, ciertamente, hay una falta ética al llevar fondos fuera del país, especialmente cuando se lo hace hacia empresas offshore. Es de recordar que cuando el Gobierno anterior, se pretendió enlodar el honor de la mandataria, aduciendo que su hijo tenía una cuenta fuera del país. La acusación era falsa, según se demostró. Pero expresa a las claras la doble vara mediática: ahora sí, está demostrado que no un pariente sino la máxima figura del Estado, tiene dineros fuera del país. Pero no en cualquier parte, sino en paraísos fiscales. Es mucho más grave que aquello de que -falsamente, para colmo- se acusara al hijo de la presidenta anterior.
No importa. Igual, los medios hegemónicos de Argentina se hacen los no enterados. Y ello tranquiliza al presidente Macri, que puede así preocuparse, no por cuestiones de corrupción, sino exclusivamente por la desastrosa situación social a que ha llevado al país, esa que motivó una ruidosa protesta en 1.000 ciudades de Argentina hace apenas una semana, en un descontento que apenas está mostrando la punta de su iceberg. (O)