Ya no son el cuarto poder: a menudo son el primero. En la época de la imagen total, en el videomundo, los medios (principalmente los electrónicos) son los que mandan. Nadie los votó, nadie los eligió ni se han establecido aún los controles democráticos que les pongan límites. Ellos enjuician, condenan, atacan, ocultan, ensalzan, enfatizan, siempre según les convenga. Es decir: según convenga a sus propietarios, pues son los empresarios de medios los que ordenan el interés estratégico de lo que allí se propala (y, por supuesto, de lo que se decide no informar). Detrás de los medios están las empresas, y la concentración propietaria que suele hacer que pocas empresas sean dueñas de muchos medios y -de tal modo- puedan orientar casi a su antojo la opinión pública.
Así, no por previsible deja de ser lamentable que en Ecuador no hayan faltado los que buscan usar el dolor ajeno para mezquino beneficio propio; y hacer manejo político de la desgracia para atacar a un gobierno que, en lo que cabe dentro del desastre natural, ha dado una respuesta rápida y enérgica a la situación de los damnificados.
En Brasil, los medios han sido el ariete del golpe institucional contra Dilma Rousseff. Es muy obvio que la repulsa a la corrupción no es lo que los ha movido, sino que ha sido solo su pretexto; a Dilma no se la enjuicia por corrupción, sino por un error de trámite administrativo. Y, en cambio, entre los acusadores no faltan los que están incursos en enriquecimiento ilícito y desvío de fondos del Estado.
En Argentina, el presidente Macri llegó procesado por una causa y ahora está imputado en otra, ligada esta a sus empresas offshore en Panamá. No es el único: abundan en su gobierno otros casos, como el de Grindetti (su ministro en ciudad de Buenos Aires durante 8 años), también socio en una offshore, o el de Clusellas -secretario legal y técnico de la presidencia- que tenía su estudio jurídico como contacto argentino del que legaliza casi todas las offshore en Panamá, el Mossack Fonseca. También es llamativo lo de Quintana, coordinador del área económica del Gobierno, quien se benefició de millones de ‘dólares a futuro’ y decidió a la vez sobre los mismos, lo cual es una anormalidad evidente. En esa operación aparecen muchos otros nombres del macrismo, incluso su embajador en Estados Unidos, pero se enjuicia por ella a miembros del gobierno kirchnerista.
En fin: los medios poco dicen de esto en Argentina, y pretenden machaconamente enrostrar -real o ficticia- toda corrupción al gobierno anterior, como cortina de humo sobre la inflación, los tarifazos y las cesantías promovidas por el macrismo.
Como se ve, en diversos países los medios deciden su propia agenda, cambian los ejes, ocultan a su antojo, agrandan lo que quieren, hasta colaboran a expulsar gobernantes. Va llegando la hora de establecer modalidades legales de limitarlos, tanto en la concentración de su propiedad, como en la falta de objetividad de sus tomas de partido, y su larvada pero evidente intervención en la vida institucional de nuestros países.
Pero, viendo cómo impidieron que funcionara la Ley de Medios audiovisuales en la Argentina, ¿quién puede ponerle el cascabel al gato? (O)