Nos quieren acostumbrar: que nos resignemos, nos olvidemos. Quieren hacer de la anormalidad una nueva norma. Que la irregularidad se nos vuelva una segunda naturaleza. Empezaron con la persecución hacia Assange, siguieron obligando a Snowden al asilo político y la autorreclusión. Haber difundido datos sobre la política encubierta de los Estados Unidos y sus aliados ha sido su supuesto delito. Sus perseguidores no se han tomado el trabajo de negar lo que ellos dos -cada uno por su parte- han descubierto: lo triste es que se los persigue por decir la verdad. Cuanto más cierto es lo que han sacado a la luz, peor han sido tratados.
Contra Assange no solo hay ilegitimidad en los procedimientos; también se orilla la ilegalidad. Desde las inciertas acusaciones en Suecia por supuestos delitos sexuales (atribuidos por relaciones consentidas y tenidas con mujeres adultas), a la versión nunca negada de que, en verdad, lo que se quiere es extraditarlo al territorio de la principal potencia mundial. Lo cierto es que las reglas del asilo internacional exigen que se otorgue el salvoconducto a alguien que está refugiado en una embajada, para que pueda trasladarse hasta el aeropuerto y abandonar el territorio donde se lo quiere aprehender.
Esta regla no está siendo respetada por Reino Unido, que parece dispuesto a superar el triste récord de la dictadura de Videla y sus sucesores en la Argentina, la cual retuvo al expresidente Héctor Cámpora y a Juan Manuel Abal Medina (padre del reciente jefe de gabinete de ese país) padeciendo ambos encierro por cuatro años, protegidos por la embajada mexicana en Buenos Aires. Ahora, la valiente actitud que el Gobierno ecuatoriano ha tenido para con Assange, refugiándolo en su embajada de Londres, se encuentra con el obstáculo de que pasan meses y años mientras el salvoconducto británico no es otorgado.
Ni siquiera se concede un documento que asegure la protección para salir unas horas de la embajada por motivos médicos; se trata de un permiso por razones humanitarias, que corresponde dar bajo cualquier consideración, ya sea ética o diplomática. Es de elemental necesidad que el permiso sea acordado, pero ello no ocurre (al menos, hasta cuando esto escribimos).
Esperemos que se despierte, en las autoridades británicas, la necesidad de manifestarse acordes a los derechos y las garantías democráticas que Occidente dice sostener. La idea de defender la libertad por vía de procedimientos que la niegan (Guantánamo es ejemplo elocuente al respecto), solo aviva el resentimiento desde el cual nacen la violencia y el terrorismo. (O)