Ya se lo vio en Brasil. La ofensiva contra Dilma hizo coincidir un fuerte ataque mediático (promotor de desprestigio sistemático, agrandando noticias reales e inventando hechos inexistentes) con la judicialización generalizada de la política, especialmente -por supuesto- hacia miembros del gobierno popular y del partido que lo llevó a su sitial.
Ahora lo vemos en Argentina, en una curiosa situación, que no es la de un golpe clásico. El gobierno macrista fracasa por todos lados: corrupción copiosa (presidente involucrado en los ‘Panama Papers’, varios miembros del gabinete imputados), 4 millones de nuevos pobres en medio año, una posible nueva devaluación en ciernes, inflación al doble de la que criticaban al gobierno anterior, tarifazos inauditos. Sin embargo, el desastre “es invisible a los ojos”, si parodiamos a El Principito: los medios no hablan de la preocupante situación social, del parate de la industria o la caída vertical del comercio. Para nada. Ellos hablan de la -real o ficticia- corrupción del Gobierno anterior, y llenan páginas y páginas, horas y horas, imágenes e imágenes destinadas a destruir (posfactum) la existencia de aquel gobierno, un condigno castigo a quienes se atrevieron a desafiar al stablishment y a no repetir las convencionales gestiones al servicio del mismo. Por supuesto, no todos los fiscales y jueces se prestan a tales maniobras. Pero los que no lo hacen son sometidos a fuerte escarnio público, ataques, injurias y aprietes mediáticos, de modo que finalmente tienen que plegarse. Ha ocurrido con Casanello, parece que será igual con Rafecas, que son de los pocos ‘rebeldes’. Otros jueces, caso Bonadío, tienen acumulados inicios de juicio por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura y fueron apartados en una causa por animosidad contra la expresidenta, pero siguen tranquilamente realizando procesos a Cristina Fernández, amparados en la complicidad y el silencio mediático.
Las causas judiciales a funcionarios del anterior gobierno son múltiples, ruidosas, sospechosamente incontables; las causas contra los del gobierno macrista marchan en carreta, no avanzan en los estrados ni se levantan en los medios. Se agregan otros detalles, como los aparentes arreglos con delincuentes varios, a los fines de que declaren contra el gobierno kirchnerista (el caso de Fariña es paradigmático; habló y fue liberado de la cárcel de inmediato). Casos extremos como los de Martín Lanatta y Pérez Corradi -extraditado en estos días- se unen a esta situación casi circense, donde la verdad viene de la mano de los convictos, presos de por vida y condenados de toda clase. El Gobierno los favorece con la protección que se da a los ‘arrepentidos’.
Y hasta incluso se pretende que el populismo (gobiernos nacional/populares) sería intrínsecamente reñido con la legalidad: es lo que dejó traslucir un encuentro desarrollado en la Universidad Nacional de Cuyo. Allí se desdijo a la realidad abiertamente: en la Argentina golpes de Estado en 1955, 1966 y 1976 fueron dados contra el populismo; y fueron siempre perpetrados por los liberales y conservadores, por los antipopulistas. Los que han herido la ley en Argentina son los que rechazan al populismo; al menos, los que la han herido tan rotundamente como para promover golpes de Estado criminales.
Como se ve, toda una tendencia. No está en el manual de Sharp, pero habrá que ver en qué manual del golpe blando (incluso, ahora, en casos en que se llega al gobierno legalmente) las derechas han aprendido este nuevo libreto: la confluencia mediático/judicial contra los movimientos y gobiernos populares. (O)