No es todo el Poder Judicial, ni siquiera la mayoría del mismo. Pero hoy en Argentina -y ya se hizo algo análogo en Brasil- un sector relevante del Poder Judicial, azuzado desde el espacio mediático y el gubernativo, se ha puesto al servicio de la agresión política.
El gobierno de Macri no puede sostenerse sin hablar mal del anterior. Es tan pobre su performance, que solo se hace tolerable si se le echa la culpa a otros. Si las medidas tomadas por este Gobierno fueran buenas, las reivindicaría como propias. Pero la conciencia de que son desastrosas (inflación inaudita, cierto desabastecimiento germinal, aumento de la desocupación, liquidación creciente de la industria nacional, baja de los salarios, tarifazos gigantescos), lleva a echarle la culpa al otro, como hacen los niños.
Y para eso cuenta con un grupo de fiscales y jueces adictos, los que a menudo han perdido hasta el cuidado de dar alguna apariencia de seriedad o de imparcialidad a sus acciones. Se trata de hundir la memoria del Gobierno anterior, presentándolo así como corrupto e ineficaz. Por supuesto, las varias causas judiciales que afectan a miembros del actual Gobierno (en apenas ocho meses de gestión) y que incluyen hasta al presidente y su compañera de fórmula, duermen en los cajones de los juzgados.
No avanzan, y menos aún se ventilan por los medios. En contraste, las causas contra miembros del anterior Gobierno, algunas fundadas pero otras disparatadas y absurdas, son agrandadas y visibilizadas por los medios hegemónicos de comunicación, que se encargan de hacer con ellas un ruido permanente y ensordecedor, que aplasta cualquier posibilidad de pensamiento o de crítica.
Ahora quieren retomar la causa del exfiscal Nisman, la cual fue en su momento archivada por falta de sustentación. Algunos creen que la firmó el hoy fallecido fiscal, pero que la escribieron sus amigos de los servicios de inteligencia. Nisman, cuya muerte por suicidio u homicidio se dirime en otra carpeta judicial, tenía cuentas y propiedades no declaradas fuera de Argentina, había empleado en su juzgado a personas sin ningún rol judicial, gastaba dineros oficiales en llevar señoritas a paraísos del Caribe y -acorde a todo esto- escribió una acusación contra la expresidenta que no tenía ninguna validez, a decir de variados expertos (se denunciaba a Cristina Fernández de Kirchner por un acuerdo con autoridades de Irán para que funcionarios de ese país declararan en el caso del atentado a la AMIA). La causa fue archivada por Rafecas -uno de los pocos jueces de alta visibilidad que escribe libros y exhibe una alta formación académica e intelectual- y ahora se la pretende reverdecer, como parte de la campaña orquestada para ocultar las políticas del actual Gobierno.
La justicia debería ser ciega, pero en Argentina es tuerta, al menos para un sector de ella que es fogoneado por la política y los medios. Así, el retorno neoliberal se muestra a años luz de la pregonada independencia del Poder Judicial, y de los cánones políticos legítimos para dirimir los conflictos sociales. (O)