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El Telégrafo
*Fernando Falconí Calles

Cuatro años de encierro

24 de junio de 2016

El 19 de junio de 2012 ingresó a nuestra embajada en Londres y pidió asilo político. El Gobierno de la soberana y altiva República de Ecuador aceptó su solicitud el 16 de agosto de 2012. De esta forma, Julian Assange evitó su extradición a Suecia para ser interrogado por supuestos delitos sexuales contra dos damas que lo denunciaron. El libreto es predecible: estando en Suecia sería extraditado a Estados Unidos y allí podría ser condenado a cadena perpetua o muerte. Tal situación la logró evitar, refugiándose en la embajada de un pequeño país cuyo Gobierno maneja las relaciones internacionales con dignidad.

Toda esta persecución se da porque el periodista Assange -a través del portal WikiLeaks- filtró 500.000 documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán. También aparecieron 250.000 comunicaciones de embajadores estadounidenses. Allí se comprueban acciones injerencistas en muchos países del planeta, a través de embajadas, consulados y demás entidades del servicio exterior. Estas revelaciones causaron escozor en Washington. Cuando se desnudan las malas acciones que usa el poder imperial para ejercer el control planetario, las ONG y los medios privados que dicen defender los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión guardan sospechoso silencio.      

Los principios de WikiLeaks se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: defensa de la libertad de expresión, mejora del registro histórico común y el apoyo de los derechos de todas las personas para crear una nueva historia. Se define como una organización mediática internacional, sin fines de lucro, que se encarga de informar al público lo que a varias entidades, gobiernos y personajes -públicos y privados- les interesa mantener oculto. Si para sostener el poder hegemónico se recurre a procedimientos éticamente cuestionables, entonces es necesario ocultarlos; y si alguien se atreve a difundir estos ‘secretos de Estado’ corre el riesgo de ser duramente castigado. Para ello utilizan leyes, jueces y tribunales que son funcionales al poder. ¡Qué ironía! Lo afirmado es fácilmente demostrable: Daniel Ellsberg fue perseguido por Nixon por hacer públicos documentos que probaban que el Gobierno mentía sobre la guerra de Vietnam. Chelsea Manning guarda prisión en una cárcel de Estados Unidos; en tanto que Edward Snowden está asilado en Rusia. Julian Assange lleva cuatro años privado de su libertad porque el Gobierno del Reino Unido no le concede el salvoconducto que los procedimientos internacionales disponen para estos casos.

Los cables de WikiLeaks sobre Ecuador, que fueron divulgados por EL TELÉGRAFO, revelaron acciones de la embajada para ‘organizar’ a la oposición que se veía superada por las iniciativas políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana. El 5 de abril de 2011 el presidente Rafael Correa declaró persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, y le pidió salir del país lo antes posible. En los mencionados cables también aparecen muchos colaboradores e informantes que cumplían acciones para desestabilizar un gobierno que no hace genuflexiones al imperio. Los soplones criollos seguirán recibiendo dineros mal habidos por traicionar a la patria; su conciencia los acusará y los juzgará. En tanto que la historia los colocará en el sitio que se merecen: el cesto de basura. (O)

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