Durante el gobierno de Cristina Fernández, la hegemonía mediática la tenía la entonces oposición, es decir, el stablishsment económico; un gobierno popular debía luchar para hallar, en los medios estatales, una mínima presencia. Aun así la libertad de expresión fue férreamente sostenida, a pesar de que la presidenta era atacada e insultada con ferocidad permanente. Con el ascenso de la derecha macrista, esa frágil pluralidad tiende a desaparecer: los medios estatales ya no serán contestatarios al poder económico y se aproxima una sinfonía de una sola nota, repetitiva en las loas a la -por cierto que inflacionaria y problemática- nueva administración.
Se necesita ese coro adulatorio para disimular los efectos de la devaluación del 35%, de la galopante suba de precios, de la decisión de echar del trabajo a 65.000 ciudadanos, con el simple expediente de llamarlos ‘ñoquis’ (vagos). El monopolio de la palabra pública debe disimular el reemplazo de la democracia por la ‘decretocracia’; al eludir minuciosamente al Congreso, se dibuja autocráticamente las decisiones desde el Ejecutivo. Ni al Poder Judicial se respeta: Macri arguyó que no obedecía una decisión tomada por dos jueces diferentes, porque su gobierno la había apelado. Según se sabe, las decisiones judiciales se mantienen firmes hasta que haya otra decisión judicial, no por la simple apelación de alguna de las partes. Esta desobediencia es un hecho con escasos precedentes en la historia democrática de Argentina.
Una multitud ocupó este martes Plaza de Mayo (a pesar de las vacaciones y del calor) para manifestarse en favor del periodista Víctor Hugo Morales y de la libertad de expresión. Morales fue echado de un medio privado, radio Continental, donde llevaba 30 años dirigiendo programas. Es un hombre de alto prestigio profesional y ético. Su expulsión es un enorme ataque a la libertad de prensa. El Gobierno arguye que es una cuestión entre privados: pero en Argentina los medios privados dependen en gran medida de dineros públicos (reparto de la ‘pauta oficial’), de modo que su independencia decisional está lejos de ser clara. La expulsión de Morales -alguien definidamente crítico del gobierno de Macri-, enloda la discusión pública, al punto de que no han faltado adversarios totales del anterior Gobierno (caso Nelson Castro, del grupo Clarín) que han lamentado fuertemente la situación.
No es lo único en cuanto a la libertad de expresión: la Ley de Medios Audiovisuales -que tiende a garantizar la pluralidad de emisión- fue suspendida por decreto desde el gobierno macrista. Como ya aludimos, esta ley ha sido repuesta por decisiones independientes tomadas por dos jueces diferentes, pero el nuevo gobierno desobedece esa decisión. De tal modo, agrede -tanto en el nivel legislativo como en el judicial- a una ley ejemplar en su modo de aprobación, tras largo debate público y una amplia mayoría legislativa en ambas cámaras.
Los gobiernos de derecha tienen apoyo mediático mayoritario -por suerte no unánime, en Argentina- por el solo hecho de ser gobiernos del bloque social hegemónico. De tal modo, no requieren mayormente apelar a la censura: tienen garantizadas las mieles del aplauso automático. Por ello mismo, el ataque a la Ley de Medios y la separación de Víctor Hugo Morales de su lugar en radio Continental representan antecedentes singularmente nocivos. (O)